En el contexto del México Independiente nuestro país intenta romper con un sistema de gobierno impuesto por el dominio español. Las primeras décadas se distinguen por el enfrentamiento entre dos grupos políticos que tratan de imponer la forma de gobierno que ellos creen que es la adecuada para el país. La independencia no interrumpió la continuidad del proceso de reforma de educativa que promovieron la Corte de Cádiz, ni tampoco frenó otros proyectos como la creación de un plan de enseñanza pública general y la formación de un órgano estatal que centralizara y organizara las actividades en este ramo. Esto se explica en tanto que esas tareas estaban encaminadas a dar cohesión y sentido a la nueva nación y con ello a legitimar su permanencia.
Cuando México se independiza políticamente a partir de 1821, se puede considerar como el inicio de la historia de su educación institucional, si bien de manera aislada y mostrando apenas intentos organizativos y a pesar de que se dictaron disposiciones al respecto que tuvieron poco efecto concreto. Es a partir de la promulgación de la Constitución de 1824 cuando comienza a integrase un proyecto político que implica a la educación como instrumento de Estado, reflejando ya en ella aspiraciones sociales y económicas, así como sus intereses y orientaciones, es decir, su ideología.
La independencia no interrumpió la continuidad del proceso de reforma de educativa que promovieron la Cortes de Cádiz, ni tampoco frenó otros proyectos como la creación de un plan de enseñanza pública general y la formación de un órgano estatal que centralizara y organizara las actividades en este ramo. Esto se explica en tanto que esas tareas estaban encaminadas a dar cohesión y sentido a la nueva nación y con ello a legitimar su permanencia.
En el mundo hispánico la educación encontró su razón de ser en la tradición católica, lo que le imprimió su carácter de unidad ideológica y cultural. En el México independiente, si bien el proceso de secularización había conducido a que el Estado asumiera casi toda la responsabilidad educativa, no con ello se pensó en relevar por completo a la Iglesia de sus funciones docentes. Bajo la vigilancia de los órganos estatales, se insistió que debería continuar desarrollando tareas educativas para cubrir la demanda de las escuelas de primeras letras. Entre 1786 y 1817 se habían expedido decretos que exigían a la Iglesia que cumpliera con su obligación de abrir escuelas gratuitas de primeras letras, (llamadas desde tiempo atrás "escuelas pías"), no sólo en los conventos, sino en cada parroquia. El interés del Ayuntamiento era obvio, pues a través de esta instancia, la Iglesia ofrecía educación gratuita a los niños sin recursos.
Efectivamente la libertad educativa consistía entonces en que los maestros de las escuelas particulares no tuvieran que ser examinados, lo que sí sucedía con los maestros del Ayuntamiento, aunque el Estado se encargaba de que los maestros particulares observaran "las reglas de la buena policía " pusieran "la mayor vigilancia para que las máximas y doctrinas que enseñen sean conformes a la Constitución Política de la Nación, a la sana moral". Desde entonces no hubo duda de que el Estado velaría porque la educación se ajustara a lo que éste consideraba "buena policía", y a los principios emanados de la Constitución y calificaría la pertinencia de los maestros según los límites fijados en la ley. Las reformas llevadas a cabo por Valentín Gómez Farías en 1833 reiteraban la obligación que tenía la Iglesia para abrir escuelas de primeras letras en parroquias y casas de religiosos haciendo hincapié en que tenían que ser gratuitas, razón por la cual formaban parte del sistema público de educación.
La ideología educativa oficial no logró ocultar las continuas concesiones a la escuela confesional, como lo demuestra la creación de nuevas diócesis, de nuevos conventos para hombres y para mujeres, el gran número de órdenes religiosas que llegaron a México a fundar sus escuelas, que con las ya establecidas, funcionaron sin ningún problema por parte del Estado. Los ataques desde el seno de la Iglesia contra el régimen no descalificaban la dictadura, sino la filosofía positivista, atea, que la permeó. Los liberales continuaron sus esfuerzos para evitar que la educación siguiera en manos de la Iglesia, pero la tolerancia de don Porfirio le concedió una posición de privilegio.
Gran parte de las primarias particulares dependían de las parroquias o de maestros muy acreditados en las localidades, escuelas pequeñas pero con prestigio social. Las preparatorias (que incluían tanto a la secundaria como a la preparatoria propiamente dicha), dependían en su mayoría de los Seminarios Diocesanos.
El crecimiento de la educación confesional fue considerable en la época porfirista; sin embargo, la política planificadora del Secretario Joaquín Baranda mantuvo el
Predominio del Estado y sus escuelas sobre la iniciativa privada; en l888 se promulgó la Ley de Enseñanza Obligatoria, aunque sólo el 33% de los niños acudían a la escuela primaria. Los datos sobre las escuelas son contradictorios, aunque todos coinciden en señalar un predominio de las oficiales. Moisés González Navarro, basándose en un informe de la época, afirma que las escuelas del Estado representaban el 77% del total, dejando el restante 33% a las escuelas particulares.
El crecimiento de la educación confesional fue considerable en la época porfirista; sin embargo, la política planificadora del Secretario Joaquín Baranda mantuvo el
Predominio del Estado y sus escuelas sobre la iniciativa privada; en l888 se promulgó la Ley de Enseñanza Obligatoria, aunque sólo el 33% de los niños acudían a la escuela primaria. Los datos sobre las escuelas son contradictorios, aunque todos coinciden en señalar un predominio de las oficiales. Moisés González Navarro, basándose en un informe de la época, afirma que las escuelas del Estado representaban el 77% del total, dejando el restante 33% a las escuelas particulares.
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